Xochicuautla, la nueva imposición gubernamental

Edgar Martínez Jiménez

Se vislumbra un golpe más para la población del  valle de Toluca. No es la primera expropiación que se fragua para construir vías de comunicación. Desde el periodo gubernamental de Arturo Montiel  la construcción de vías terrestres  se incrementó  y continúa.  El ex gobernador acusado de enriquecimiento ilícito, intentó en su momento decretar la expropiación del Nevado de Toluca. Decretó que cristalizó hasta el año 2013, cuando su sucesor Enrique Peña Nieto había llegado a la presidencia, quien también trabajó en lo que se denuncia como un paso firme en la privatización del parque Nacional.

El decreto presidencial del 1 de octubre de 2013 cambió el realizado por Lázaro Cárdenas del Río hace 77 años, que cedió la protección del  Volcán Xinantecalt a los habitantes de los pueblos asentados en sus faldas. El antecedente del actual decreto en contra del bosque Otomí- Mexica no ha logrado el eco necesario en medios y sus denunciantes representan una minoría si se compara con el grueso de población que se asienta alrededor del  Nevado.

El majestuoso bosque ubicado en el Municipio de Lerma cuanta con innumerables riquezas naturales que representan una parte esencial de la vida del valle, si sólo se piensa en agua suficiente, podemos encontrar manantiales y mantos acuíferos que han suministrado desde siempre a la zona.  Esa es una parte de la larga lista de razones por las cuales los pobladores, organizaciones locales y nacionales se oponen a la devastación. Si hoy se denuncia este hecho es por el trabajo que han realizado mujeres y hombres de Xochicuautla.

Organizaciones como la de los Yaquis que se oponen a la construcción de un acueducto en Sonora y tienen presos políticos; la del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra opositores a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, lucha que tuvo su momento más ríspido en 2006, cuando se manifestó uno de los actos represivos  contundentes e impunes en San Salvador Atenco y el EZLN, que nunca ha dejado de sufrir ataques paramilitares pero tampoco de denunciar la devastación de la selva y la privatización que oficialmente se llama “ecoturismo”, son aliados de campesinos y luchadoras sociales que defienden desde hace años el lugar sagrado que alberga el bosque Otomí, hoy es destrozado.

El paso de una nueva vía se impone por la fuerza con cientos de granaderos estatales que resguardan  maquinaria y  trabajadores. En realidad han ido trabajando de a poco, con ayuda de vecinos del mismo lugar que por una u otra razón deciden dejar el paso a la construcción y con poca participación de buena parte de su población. Esa es una parte esencial,  que a pesar del apoyo de otras organizaciones locales, no han parado los trabajos y aunque se ha logrado hacer eco de la denuncia, el decreto de expropiación pone en riesgo la integridad física de familias enteras que se oponen a esta obra, que además realiza la empresa beneficiada por el gobierno federal y estatal, protagonista de los escándalos que han envuelto a la familia presidencial en  cuestionamientos internacionales. Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa es defendido por los gobiernos y al parecer no se detendrán a pesar de la resistencia de los afectados.

Los antecedentes de derramamiento de sangre y quebranto de los derechos humanos son añejos en el Estado de México, el PRI y sus actos represivos están documentados. No es una buena señal la imposición que a pesar de iniciar materialmente, ha trabajado en la desactivación de las organizaciones y en la compra de voluntades. Esperaron, como en otros lugares del país, el paso de las elecciones para arremeter y lograr proyectos que antes de los comicios les hubieran resultado serios problemas. Además, como es sabido, la casi nula oposición partidista en la zona y el Estado en general, deja endeble la posible solución desde las instancias oficiales.

El camino trazado en el bosque se realizó sin tomar en cuenta amparos y la resistencia de sus organizaciones de pobladores. La fuerza es el diálogo y la ambición lo que mueve al gobierno, pues la autopista Naucalpan-Toluca es el inicio de la privatización de los recursos naturales y lo que venga.

 

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